El dilema de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas
| Autor | Javier Aroca Medina (Perú) |
| Páginas | 175-195 |
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El dilema de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas
El dilema de los pueblos indígenas
frente a las industrias extractivas
JAVIER AROCA MEDINA
RESUMEN
Los recursos naturales en América Latina suelen encontrarse
en los territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos indíge-
nas. Al haberse incrementado durante los años noventa los flujos de
inversión en el campo de las industrias extractivas, especialmente
de minería e hidrocarburos, los conflictos entre las empresas y
pueblos indígenas también han aumentado, y los gobiernos se han
dedicado a criminalizar la defensa de los derechos humanos de
las personas afectadas por estas industrias. En la actualidad, las
comunidades indígenas demandan que las actividades extractivas
se realicen respetando sus derechos y su entorno ambiental y que
no afecten derechos medioambientales y medios de vida.
I. INTRODUCCIÓN
Los recursos naturales en América Latina suelen encontrar-
se en los territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos
indígenas. Al haberse incrementado durante los años noventa
los flujos de inversión en el campo de las industrias extractivas,
especialmente de minería e hidrocarburos, los conflictos entre las
empresas y pueblos indígenas también han aumentado, y los go-
biernos se han dedicado a criminalizar la defensa de los derechos
humanos de las personas afectadas por estas industrias.
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Javier Aroca Medina
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Los datos disponibles indican que, por lo general, los indígenas sufren
en mayor grado de pobreza y pobreza extrema y acusan menores índices de
desarrollo social y humano que otros sectores de la población. En los andes, en
donde la presión demográfica sobre los pocos recursos de la tierra es mayor, la
productividad agrícola y los niveles de vida de los indígenas son precarios, por
lo que se genera una creciente emigración hacia las ciudades, fenómeno que
afecta particularmente a las comunidades indígenas. Similar situación ocurre
en la Amazonía.
En la actualidad, las comunidades indígenas no solo demandan que las
actividades extractivas se realicen respetando sus derechos y su entorno ambien-
tal, también cuestionan el modelo económico primario exportador de materias
primas, que genera poco valor añadido a los países latinoamericanos. De allí que
muchas de las movilizaciones y protestas sociales de resistencia a los avances de
los proyectos extractivos, estén motivadas tanto por la desigual distribución de
los ingresos que provienen de la exportación de recursos naturales como por las
protestas ante el avance inconsulto a los territorios de los pueblos indígenas.
En el Perú, a medida que aumenta la disputa por recursos naturales, se perfila
una relación entre el crecimiento de las inversiones en el sector extractivo y el aumento
de las restricciones a los derechos de los pueblos indígenas ubicados en esos territo-
rios, conexión acompañada del uso de la coerción mediante leyes que sancionan mas
drásticamente la protesta de las organizaciones sociales. A pesar de la existencia de
convenios internacionales y leyes, el sistema jurídico del país carece de la capacidad
suficiente para resolver los casos sobre violaciones a los derechos humanos vincula-
dos con las industrias extractivas. Por ejemplo, en Perú, la Defensoría del Pueblo ha
señalado que de los 248 casos de conflictos sociales, reportados en el mes de julio
de 20101, 125 casos son de carácter socio ambiental, de los cuales 101 casos, son
por actividades extractivas. De estos, 83 casos son mineros (representan el 66.4%
de los conflictos socioambientales) y 18 casos son de hidrocarburos (representando
el 14.4% de los conflictos socioambientales).
II. EL DILEMA DE LA ABUNDANCIA DE RECURSOS NATURALES
América Latina es una de las regiones del mundo con mayor abundancia de
recursos naturales y, como ya se ha señalado, en la última década ha vivido una
etapa de expansión de las industrias extractivas como la minería metálica, el gas y el
petróleo, en parte debido a las políticas relacionadas con las industrias extractivas
que fueron implantadas en la década del 90, como parte de un proceso mayor
de reforma estructural y a los conflictos que se generaron como consecuencia
1 Setenta y siete (77) Reporte de confl ictos sociales, Defensoría del Pueblo, Julio 2010.
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