Casa tomada (a destajo)

Por Hans Huerto AmadoSi usted cree que agravar las penas a un ilícito basta para disuadir a los delincuentes de cometerlo, lo que ocurre en Lima con las ocupaciones violentas de inmuebles, perpetradas por matones a sueldo, puede cambiar su parecer. El 16 de agosto último se modificó ?por tercera vez desde el 2013? la pena máxima por el delito de usurpación agravada en el Código Penal: subió de 8 a 12 años de cárcel. Doce días después, Efrén Domínguez y su esposa sufrían la irrupción de 56 desconocidos en su hogar en Lince, para amedrentarlos. Estas personas encontradas en flagrancia del delito de usurpación fueron liberadas cuatro días después por el Poder Judicial. El caso ocurrido esta semana en un hotel en Miraflores ?aunque es jurídicamente distinto por estar enmarcado en una pugna entre inquilino y propietario? comparte con el de Lince un cariz criminal: la contratación de terceros para ocupar una propiedad y en el interín alterar la paz y seguridad. De acuerdo con estadísticas de la División de Asuntos Sociales de la PNP, casos como estos habrían aumentado hasta en 25% en Lima este año. Es otra forma más de privatización criminal en aumento: sujetos que cobran tarifas variables [ver infografía] tanto para efectuar como para evitar desalojos o invasiones. Estos hampones por contrato, según fuentes policiales, suelen provenir de gremios como el de Construcción Civil; no obstante, El Comercio comprobó esta semana que incluso algunas empresas de seguridad privada ofrecen por teléfono ?servicios para el apoyo en desalojo?.aplazamiento infinitoSegún la fuente policial consultada por este Diario, los agentes solo pueden intervenir cuando hay flagrancia del delito y presencia de un fiscal, pero no si al mismo tiempo hay un proceso judicial de por medio. En este punto, la ley, a fin de asegurar ciertos derechos, termina afectando otros. Luego de la trágica muerte de Fidel Flores Vásquez, abatido en su azotea en octubre del 2014 por arma ?no letal? policial cuando se pretendía desalojarlo de un inmueble de su propiedad por un proceso de embargo, el Poder Judicial decidió cambiar la normativa sobre ejecución de desalojos. Se dispuso que en caso los denunciados persistan violentamente en el incumplimiento de la entrega de inmuebles ?se reprogramen sus diligencias en fecha y hora sorpresa?, mediante una resolución administrativa (363-2014) de la presidencia de la Corte Suprema que hacía alusión al caso de Flores Vásquez. La reprogramación...

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