Avances y retos del derecho ambiental

AutorCecilia Azerrad
CargoAbogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2007)
Páginas13-23

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Cecilia Azerrad: A puertas de cumplirse cinco años desde la publicación del decreto legislativo 1013 (14 de mayo de 2008) que crea el Ministerio del Ambiente ( M inaM ), ¿cuáles considera que han sido los mayores logros que se han alcanzado en el sector ambiente?

Manuel Pulgar Vidal: De los muchos logros obtenidos en estos años, podríamos comenzar con aquellos que correspondieron a quienes me antecedieron: en primer lugar, organizar el Ministerio con todo lo que ello significa en el sentido de contar con sus instrumentos de gestión, presupuesto, personal, entre otras condiciones mínimas. A su vez se ha podido contar con instrumentos de planificación de largo y mediano plazo. Contamos con una Política Nacional del Ambiente, así como con un Plan Nacional de Acción Ambiental (Planaa) hasta el año 2021 y ya bajo mi gestión hemos logrado desarrollar una Agenda Ambiental nacional bianual, la última de las cuales corresponde al periodo 2013-2014, a lo que se suma la reciente emisión del reporte sobre el estado del ambiente 2009-2011, que reporta la situación en relación con las condiciones ambientales del país.

En esta misma línea de planificación, no puedo dejar de mencionar uno de los logros fundamentales alcanzados el año pasado, al establecerse los ejes estratégicos de la gestión ambiental del presente gobierno, producto de una Comisión Multisectorial1compuesta por nueve ministerios y liderada por el MinaM. Producto de esta comisión, se proponen una serie de objetivos y acciones enmarcadas en cuatro ejes:
(1) Estado soberano garante de derechos (gobernanza/gobernabilidad);
(2) mejora en la calidad de vida con ambiente sano; (3) compatibilizar el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales; y (4) contar con un patrimonio natural saludable.

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Y precisamente ya hemos visto resultados producto de este trabajo intersectorial, uno de los más importantes es la creación del senace, aprobado por unanimiadasd por el Poder Ejecutivo y con un apoyo sólido del Poder Legislativo. Ello significa que después de veintiún años de debate, espera y en algunos casos ciertas resistencias, la aprobación de los estudios de impacto ambiental pasará al sector ambiente. Esta es una lucha de los ambientalistas por generar un cambio real. Por otro lado, se cuenta recientemente con la aprobación por el Congreso de la propuesta de ley presentada por el Ministerio del Ambiente y aprobada por el Poder Ejecutivo para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (sinefa). Esta última norma establece herramientas normativas que hacen más eficiente la fiscalización al fortalecer las competencias normativas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (oefa), agilizar los procedimientos sancionadores, aumentar el tope de multas, permitir un mejor acceso a la información, mejorar la eficiencia en la cobranza de multas, precisar los alcances del régimen común de fiscalización y brindar oportunidades a las empresas para subsanar infracciones leves. Además, logra la aprobación de un sistema de fiscalización en el que la multa tope pasará de diez mil a treinta mil unidades impositivas tributarias (UIT), cuando la última vez que se realizó algún cambio fue el año 1996.

Buscando que los sectores productivos se adecuen a la reglamentación del Sistema de Evaluación de impacto Ambiental (seia), que a pesar de ser aprobada en el año 2009, no había sido implementada efectivamente, hemos iniciado un fuerte apoyo técnico a los sectores con miras a esta adecuación, logrando que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda y Construcción cuenten con reglamentos ambientales por primera vez en veinte años.

Adicionalmente, se han establecido los estándares de calidad ambiental (ECA) en agua, aire y suelo, así como los límites máximos permisibles (LMP) de emisiones y efluentes de diversas actividades productivas.

Sin perjuicio de estos avances, hemos trabajado decididamente por promover prácticas de ecoeficiencia en el uso de recursos en el sector público; por gestionar el manejo de residuos sólidos domésticos a nivel nacional, tema en el cual existe en el Perú mucho retraso; en promover el manejo de tierras secas y montañas en Apurímac y Huancavelica; en incrementar la conservación tanto pública como privada, habiéndose logrado en este último caso contar con más de sesenta áreas de conservación privada en 250 000 hectáreas a nivel nacional.

CA: El OEFA, en los últimos años, se ha consolidado y ha cobrado mucha importancia en cuanto al control y fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental para las actividades formales (minería, electricidad, hidrocarburos, entre otras), invirtiendo importantes recursos en este

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importante esfuerzo. Sin embargo, poco se ha avanzado, en general, en el control y fiscalización de actividades informales, tales como minería informal y tala ilegal. Considerando que la minería informal e ilegal así como la tala ilegal no solo afectan el uso racional de los recursos naturales, sino que además producen contaminación ambiental, ¿cuál es la agenda del M inaM al respecto?

MPV: El ministerio, en lo que respecta a la minería ilegal, tuvo un rol activo en la elaboración de los decretos legislativos emitidos sobre la materia a inicios del año pasado y actualmente articula con otros sectores responsables la implementación de los mismos, a través de cuatro ejes de acción. Los dos primeros están en plena implementación y se relacionan con la persecución de la minería ilegal y delitos ambientales asociados, priorizando la salvaguarda de las Áreas Naturales Protegidas y de la cuenca amazónica, así como la contribución al proceso de formalización minera a través del instrumento de gestión ambiental correctivo (igac) requerido a los mineros informales para responder por los impactos de su actividad. Los siguientes dos ejes están en etapa de diseño y se refieren a la elaboración conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas (MineM) de un plan de remediación de los impactos negativos causados por la minería ilegal, además de promover economías alternativas y sostenibles en las principales regiones afectadas por la minería ilegal.

La agenda del MinaM apunta a la protección del derecho de las personas a un ambiente sano, por lo que el ministerio se encuentra abocado a desarrollar la normatividad que faculte a los órganos competentes a...

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