Antejuicio y Juicio Politico en el Peru.
Pensamiento Constitucional › Vol. 13 Nbr. 13, January 2007
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Antejuicio y Juicio Politico en el Peru.
Sumilla 1. Consideraciones generales 2. El Antejuicio o Juicio Político en las constituciones peruanas 3. El Antejuicio o Juicio Político en la Constitución de 1993 4. El procedimiento de Acusación Constitucional en el Reglamento del Congreso 5. La posibilidad de revisión judicial de las sanciones impuestas por el Congreso en el Antejuicio o Juicio Político 6. La diferenciación entre Antejuicio y Juicio Político establecida por el Tribunal Constitucional 7. ¿Hay realmente diferencia entre Juicio Político y Antejuicio en la Constitución de 1993? 8. Las infracciones de la Constitución: el problema de su tipificación y sanción en el juicio Político 9. Algunas conclusiones y reflexiones finales Bibliografía básica 1. Consideraciones generales
La posibilidad de exigir responsabilidad a los gobernantes y autoridades estatales por los actos realizados en el ejercicio de su cargo o gestión, es una forma de reforzar los mecanismos de limitación y control del poder que prevé la Constitución y de efectivizar la sanción ante el abuso o arbitrariedad en el desempeño de sus funciones. Esta exigencia de responsabilidad, sea en el ámbito político, penal o constitucional, contribuye al afianzamiento del Estado de derecho, la vigencia de la Constitución y del régimen democrático. Es por ello que tanto en los regímenes políticos de tipo parlamentario o presidencial se contemplan, aunque de distinta manera, la responsabilidad de los gobernantes y altas autoridades, así como los procedimientos para hacerla efectiva. El impeachment británico suele señalarse, en el Derecho Constitucional Comparado, como el antecedente más importante entre los procedimientos para la imputación y exigencia de responsabilidad a las altas autoridades gubernamentales por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Su surgimiento se dio en tiempos donde aún el monarca era la máxima autoridad y carecía de toda responsabilidad, dirigiéndose entonces contra la actuación de los altos funcionarios del reino. Si bien en sus orígenes no se distinguía con nitidez la procedencia del impeachment respecto a delitos (responsabilidad penal) o a actos políticos propios de la gestión, paulatinamente se configuró como un mecanismo de control y sanción a aplicar por actos delictivos o de infracciones de la Constitución cometidas en el ejercicio de la función o cargo. La finalidad del impeachment era lograr que el parlamento pueda disponer la destitución del alto funcionario y su inhabilitación para el desempeño de la función pública. Aunque el impeachment subsiste actualmente en el régimen británico, desde la consolidación del régimen parlamentario y del establecimiento de la responsabilidad política del Gobierno frente al Parlamento, exigible mediante el voto de censura o la negación de confianza, dicha institución ha perdido bastante relevancia y aplicación. En el régimen presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica, en cambio, la opción por una rígida separación de poderes entre el Presidente y el Congreso (Poderes Ejecutivo y Legislativo) y la ausencia de responsabilidad política del Presidente, y de los propios Secretarios, que son una especie de ministros, ha hecho importante el impeachment como mecanismo de exigencia de responsabilidad a los gobernantes y autoridades, aplicada fundamentalmente en casos de conducta penal o criminal. En el caso latinoamericano, las nuevas repúblicas, tras obtener su independencia de la dominación colonial, adoptaron como forma de gobierno el régimen presidencial, de inspiración norteamericana, donde el Presidente de la República ejerce simultáneamente las funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno, careciendo de responsabilidad política ante el Congreso. El Juicio de Residencia, aplicable al Virrey y otras altas autoridades durante la etapa colonial española, también fue mantenido algún tiempo en algunos Estados latinoamericanos. La institución del impeachment, adoptada mayormente con la denominación de > aparece presente en muchos ordenamientos constitucionales latinoamericanos, siendo aplicable al Presidente de la República y a determinados altos funcionarios (ministros, parlamentarios, magistrados de altos tribunales, etcétera) por los actos delictivos o infracciones constitucionales cometidos en el desempeño del cargo, con miras a lograr su destitución o la inhabilitación (temporal o definitiva) para el desempeño de funciones o cargos públicos. No obstante, en algunos Estados latinoamericanos de corte presidencial, como Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela; paulatinamente se han ido configurando regímenes políticos > o >, al adoptarse la figura de la responsabilidad política de los ministros ante el Congreso (institución típicamente parlamentaria), como respuesta a la inexistencia de responsabilidad política del Presidente de la República. De este modo, en dichos regímenes coexisten tanto el Juicio Político para el Pre...See the full content of this document
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