DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1243, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la Administración Pública, y crea el registro único de condenados inhabilitados-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1243
| Fecha de disposición | 22 Octubre 2016 |
| Fecha de publicación | 22 Octubre 2016 |
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
1444439-1
Confirman Acuerdo de Concejo en los extremos que rechazó el pedido de vacancia presentado contra regidor de la Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 1153-2016-JNE
Expediente Nº J-2015-00316-A01
RICARDO PALMA - HUAROCHIRÍ - LIMA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veinte de setiembre de dos mil dieciséis.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por Pilar Luzmila Huamaní Dávalos en contra del Acuerdo de Concejo 001-2016, de fecha 20 de enero de 2016, que rechazó el pedido de vacancia presentado contra Brayan Alonso Bullón Ruiz, regidor del Concejo Distrital de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia
El 19 de octubre de 2015, Pilar Luzmila Huamaní Dávalos solicitó que se declare la vacancia de Brayan Alonso Bullón Ruiz, regidor del Concejo Distrital de Ricardo Palma (fojas 1 a 3 del Expediente Nº J-2015-00316-T01).
Esta solicitud que fue presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones se trasladó al Concejo Distrital de Ricardo Palma mediante Auto Nº 2, del 25 de noviembre de 2015 (fojas 47 a 51). En el referido pronunciamiento, se precisó que la solicitud resultaba improcedente en el extremo relacionado con el abuso de autoridad física y psicológica; siendo que se procedía a trasladar en lo referido a la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), es decir, nepotismo.
La peticionante señala, como hechos constitutivos de nepotismo, que el regidor cuestionado habría ejercido influencia en la contratación de sus siguientes parientes:
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Pedro Urquiza Reyna (esposo de su tía Mika Bullón Torpoco).
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Wilder Jamblet Bullón Torpoco (tío).
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Richard Walter Bullón Torpoco (tío).
Pronunciamiento del Concejo Municipal de Ricardo Palma
En sesión extraordinaria del 20 de enero de 2016 (fojas 47 a 48), el concejo municipal rechazó el pedido de vacancia presentado contra el regidor Brayan Alonso Bullón Ruiz, pues no se alcanzó el voto aprobatorio de los dos tercios del número legal de sus miembros (sino únicamente un voto a favor y cuatro en contra). Esta decisión fue materializada mediante el Acuerdo de Concejo 001-2016, de fecha 20 de enero de 2016.
Recurso de apelación
El 16 de febrero de 2016, Pilar Luzmila Huamaní Dávalos interpone recurso de apelación contra el Acuerdo de Concejo 001-2016, que rechazó su pedido de vacancia, y solicita que se revoque el referido acuerdo y se declare fundado dicho pedido. El escrito de apelación, además de reiterar los fundamentos de hecho del pedido de vacancia, señala que el regidor no se opuso a la contratación de sus parientes (fojas 1 a 7).
Sobre la comunicación del 5 de julio de 2016
Posteriormente, con fecha 5 de julio de 2016, la Municipalidad Distrital de Ricardo Palma puso en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones que en Sesión Extraordinaria de Consejo del 14 de marzo de 2016 se discutió la ratificación o no de la votación llevada a cabo el 20 de enero de 2016. En esa medida, informa que el concejo distrital, por cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención, ha acordado la vacancia del regidor Brayan Alonso Bullón Ruiz (fojas 133 a 134).
CUESTIÓN EN CONTROVERSIA
En el presente caso, se debe determinar si el regidor Brayan Alonso Bullón Ruiz está incurso en la causal de nepotismo por haber ejercido injerencia para la contratación de tres parientes como trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ricardo Palma.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
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Los artículos 142, 178 y 181 de la Constitución Política del Perú establecen que el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral y sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. En adición a ello, el Tribunal Constitucional ha reconocido, en el fundamento 30 de la Sentencia Nº 0002-2011-PCC/TC, que este órgano colegiado es el supremo intérprete del Derecho Electoral y que sus principales funciones se desenvuelven en el ámbito jurisdiccional.
Asimismo, es la LOM, específicamente en los artículos 23 y 25, la que establece las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en los procedimientos de vacancia y suspensión de autoridades municipales, en tanto dichos procedimientos resueltos en el fuero municipal son revisados jurisdiccionalmente por este órgano colegiado.
Por su parte, el artículo 218, numeral 218.1, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), determina que los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado.
La norma señalada en el párrafo precedente tiene estrecha relación con el principio constitucional de prohibición de avocamiento indebido, regulado en el artículo 139, numeral 2, de la Carta Fundamental, que establece que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, así como que tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada.
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Al respecto, la doctrina señala que el avocamiento es el cambio de la competencia para resolver un asunto de una autoridad a otra. Y la prohibición de avocamiento indebido condena la conducta por la que se desplaza a la autoridad jurisdiccional que se encuentra tramitando un proceso para que este sea visto por una autoridad distinta. Adicionalmente, dicho principio constitucional se erige, a su vez, como uno de los derechos que se encuentran comprometidos con el debido proceso, derecho fundamental de todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Así pues, si la autoridad administrativa tiene conocimiento por una ley especial —LOM—que una autoridad jurisdiccional —Jurado Nacional de Elecciones— ha asumido la competencia para resolver un asunto específico, deberá reconocer la pérdida de la suya para emitir pronunciamiento sobre la controversia a efectos de respetar aquella y no incurrir en la prohibición constitucional de avocamiento indebido.
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En el presente caso, por Auto Nº 1, notificado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Ricardo Palma el 24 de febrero de 2016, el Jurado Nacional de Elecciones comunicó a la entidad edil haber admitido a trámite el recurso de apelación formulado por Pilar Luzmila Huamaní Dávalos en contra del Acuerdo de Concejo 001-2016, de fecha 20 de enero de 2016, y, por ende, haberse abocado al conocimiento del fondo de la controversia.
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En tal sentido, con la mencionada notificación se puso en conocimiento de la entidad edil que el Supremo Tribunal Electoral había asumido la competencia para resolver y conocer el procedimiento de vacancia del regidor Brayan Alonso Bullón Ruiz en la etapa en que se encontrara y, en consecuencia, la municipalidad dejó de ser competente para resolver el asunto.
Sin embargo, el concejo municipal al adoptar el acuerdo de la Sesión Extraordinaria de Concejo del 14 de marzo de 2016, pese a haber sido desplazado en su competencia, desconoció la competencia asumida por este órgano jurisdiccional. De acuerdo a ello, el concejo ha incumplido no solo lo dispuesto por este Tribunal Electoral, desatendiendo el deber de ejecución de los pronunciamientos de carácter jurisdiccional, sino también ha incumplido flagrantemente la prohibición constitucional de avocamiento indebido.
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En consecuencia, dado que el acuerdo de la Sesión Extraordinaria de Concejo del 14 de marzo de 2016 ha sido emitido por órgano incompetente y que tal acto administrativo se encuentra viciado de inconstitucionalidad en la medida en que se ha desviado de la jurisdicción predeterminada por ley, ya que la jurisdicción correspondiente era la electoral, conforme se ha justificado en los párrafos precedentes, procede declarar su nulidad, dejándose sin efecto el acuerdo de concejo adoptado en dicha sesión extraordinaria.
De la causal de nepotismo
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El artículo 22, numeral 8, de la LOM, establece que el cargo de alcalde o regidor lo declara vacante el concejo municipal en caso se incurra en la causal de nepotismo, conforme a la ley de la materia. En tal sentido, resulta aplicable la Ley Nº 26771, modificada por la Ley Nº 30294, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco, cuyo artículo 1 señala lo siguiente:
Los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad de...
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