ejecutorias sobre mejor derecho propiedad

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En el caso de autos, los derechos de propiedad de la parte demandante y de la parte demandada se encuentran inscritos, por lo que en aplicación de los principios de prioridad y de oponibilidad registral, se puede concluir que el derecho que prevalece es el de la parte demandante, pues este fue inscrito el tres de setiembre de mil novecientos noventa, mientras que el derecho de la parte demandada...

“en un proceso de reivindicación, que constituye la acción real por excelencia, también es factible que el órgano jurisdiccional analice a quien corresponde la titularidad de un predio en donde ambas partes manifiestan ser propietarias del inmueble, es decir, el mejor derecho de propiedad”.

Sumilla: para establecer un mejor derecho de posesión que invoca la parte demandante, es necesario que el bien inmueble materia de controversia se encuentre plenamente identificado, tanto en sus colindancias, límites y perímetro, además que debe coincidir el área reclamada con los documentos que aparecen en los actuados.

La posesión del bien inmueble por quien compró y no inscribió quiebra la buena fe registral de quien compró pero no posee: se reconoce a la posesión como situación extra registral y como dato fáctico, que desvirtúa la buena fe registral; aunado a ello, no se puede alegar buena fe en la adquisición de un bien inmueble, si quien lo adquiere tenía conocimiento que a posesión la ejercía persona...

No es posible cuestionar en un proceso de mejor derecho de propiedad, la decisión del estado de revertir los inmuebles a su favor, pues en este proceso no es posible analizar la legalidad del procedimiento de reversión a favor del estado, máxime si no se ha cuestionado esta decisión en la vía judicial o administrativa.

Sumilla: la controversia de autos constituye un típico caso de concurrencia de acreedores porque el propietario original se obligó a transferir el inmueble tanto a la demandante como a los demandados, en consecuencia, resulta de aplicación lo previsto por el artículo 1135 del código civil.

Sumilla: la indemnización justipreciada en el proceso de expropiación o, mejor dicho, la diferencia resultante de comparar dicha indemnización con el respectivo costo de adquisición del bien, está gravada con impuesto a la renta; sostener lo contrario, significaría conceder un beneficio tributario no regulado por la norma por vía jurisprudencial (expediente n.º 00319-2013-pa/tc), lo cual atenta...

La sentencia de vista infringe el debido proceso, la motivación de las resoluciones, la tutela jurisdiccional efectiva y la fuerza vinculante de las sentencias casatorias, al volver a emitir un pronunciamiento inhibitorio, con el criterio que no puede revisar la validez de los títulos otorgados por el pett en un proceso de naturaleza civil.

En el interdicto de retener no es objeto de debate determinar la calidad de la posesión del actor sino lo que busca es evitar que el poseedor sea perturbado en el ejercicio de su posesión de hecho o fáctica, mas no de derecho.

Se contraviene el debido proceso: derecho de motivación y conducta procesal cuando en un proceso de reivindicación no se verifica si quien reclama el predio actuó de buena fe al momento de adquirir el inmueble

Establecen reglas con carácter de precedente judicial vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 400 del código procesal civil para problemas relevantes relacionados con los alcances, procedimiento y criterios para el adecuado ejercicio de la prueba de oficio y su valoración probatoria. artículo 194 del código procesal civil.

El elemento de la buena fe constituye el aspecto subjetivo del principio de buena fe registral, el cual consiste en la ignorancia sobre la inexactitud del registro, donde se actúa en la creencia que quien transfirió el derecho es el verdadero propietario, lo cual importa que el tercero adquirente haya actuado honestamente, caso contrario, conlleva a la pérdida de la protección legal que otorga el

El recurso deviene en infundado puesto que se ha verificado que la sala superior concluyó correctamente, que si bien en el contrato de compraventa de fecha dos de abril de mil novecientos ochenta, celebrado entre el demandante carlos quispe pérez y clarisa acuña santos viuda de ávila, intervino el juez de paz, del distrito de moya, provincia y departamento de huancavelica, en función notarial;...

El acto jurídico de compra venta de un bien ajeno, en el cual el vendedor no se compromete a obtener el consentimiento del verdadero propietario o a adquirir el bien de éste para luego transferir la propiedad al comprador; es nulo si el comprador conocía tal hecho o estaba en posibilidades de conocer que su vendedor en realidad no es propietario del bien (pese a que se identificó como tal)

Por tales consideraciones: nuestro voto es porque se declaren infundados los recursos de casación interpuestos por el procurador público de los asuntos judiciales del ministerio de economía y finanzas en representación del tribunal fiscal, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos veinticuatro del expediente principal y la procuraduría publica de la...

En base a lo señalado en el considerando cuarto de la presente ejecutoria, se ha determinado que la ley del impuesto a la renta recoge el criterio de lo devengado para reconocer los ingresos y los gastos; sin embargo, las normas tributarias no definieron qué se debe entender por el criterio de lo devengado, recurriendo en este caso a normas contables con la finalidad de establecer los alcances de

En un proceso de reivindicación, que constituye la acción real por excelencia, también es factible que el órgano jurisdiccional analice a quien corresponde la titularidad de un predio en donde ambas partes manifiestan ser propietarias del inmueble, es decir, establecer el mejor derecho de propiedad.

El vínculo paterno filial con elmenor aludido, ha quedado acreditado a través de la prueba de adn, porlo que el actor es el padre del menor. por lo tanto, es correcto que sedeclare inaplicable el artículo 400 del código civil, en mérito a que se haevidenciado una afectación constitucional.